La Izquierda Plural basaba su iniciativa en el hecho de que España defiende los Derechos Humanos y el Derecho Internacional y, por tanto, “cuando se produce una grave violación de la convivencia internacional es preciso utilizar todos los instrumentos posibles para reinstaurar la misma y, en su caso, forzar el diálogo y la negociación de buena fe entre los actores enfrentados para volver a instaurar una convivencia más armónica.

Sobre esa base, pedía prohibir la exportación de armas y embargar el comercio de armas para aquellos estados “inavasores” u “ocupantes” de un territorio. Para ello, proponía definir ‘invasión’ como la entrada en un territorio o Estado con una determinada soberanía por parte del ejército o personal organizado dependiente de la soberanía de otro Estado, y como ‘ocupación’ el ejercicio por la fuerza de la permanencia en un territorio diferente al propio por parte de un Estado. Sugería, además, que la revisión del comercio de armas se haga sobre todas las situaciones de ocupación provocadas desde la constitución de Naciones Unidas.

Al defender la iniciativa, Joan Josep Nuet subrayó que España puso varios ejemplos de países a los que España vender armas y sobre los que hay “evidencia” de violación de derechos humanos, como Israel o Colombia. Además, solo a Arabia Saudí, afirmó, se exportó armamento por valor de 240 millones de euros durante el primer semestre de 2014, a pesar de las evidencias de bombardeos sobre población civil de Yemen.

España es el séptimo productor mundial de armas, con un crecimiento “meteórico” en los últimos diez años, al pasar de un monto global de 400 millones a los 4.000 anunales y sin que el Parlamento conozca los datos hasta después de que el Gobierno haya decidido.

Víctor Morlán, del PSOE, argumentó la abstención de su Grupo en el hecho de que no se puede revisar todo lo ocurrido desde la creación de la ONU, y en que la “buena voluntad” de los proponentes “no tiene nada que ver” con el articulado de la propuesta, ya que hace falta mayor detalle para afrontar la multitud de casos a analizar.

"NINGUNA UTILIDAD"

En nombre de Unió, Carmen Castellano se mostró dispuesta a dialogar sobre el tema de fondo de la iniciativa, pero cuestionó que sea necesaria “tal y como está formulada”. Por parte de Convergència, Jordi Xuclà precisó en ese mismo sentido que en ocasiones el derecho de ingerencia y la protección de población civil requieren una “ocupación” avalada por la legalidad internacional.

Rafael Calduch, de UPyD, acusó a los proponentes de “cargarse” la Carta de Naciones Unidas, que regula específicamente las operaciones de intervención para garantizar la paz y la seguridad, y el derecho de ingerencia por razones humanitarias. Las declaraciones de intenciones de La Izquierda Plural, dijo, son “voluntaristas” pero sin posibilidad de eficacia real.

Por el PNV, Aitor Esteban aseguró que su Grupo no se opondría al debate aunque la redacción no aportaba “ninguna utilidad” para el fin pretendido. Puso como ejemplo la invasión de Camboya por parte de Vietnam en su lucha contra el régimen de los Jemeres Rojos, y se mostró partidario de analizar cada caso teniendo como horizonte el respeto a los Derechos Humanos y la protección de vidas pero sin pretensión de regularlo mediante una “fórmula jurídica matemática”.

"HIPOCRESÍA"

Joan Tardà, de ERC, denunció que la producción de armas es quizá el sector más subvencionado en España, y citó dos ejemplos de violación de los Derechos Humanos en Marruecos (el del activista saharaui Hassana Aalia y el de Ali Aarrass, acusado de terrorismo por ese país) ante los que España no puede “cerrar los ojos”. “No podemos mantener esta hipocresía tan evidente ante situaciones que deberían escandalizarnos”, alertó.

En línea similar se expresó Bizente Serrano, de Geroa Bai, para quien “no hace falta ser antimilitarista” para respaldar esa iniciativa, solo ser consciente de lo que pasa en algunos países que suscriben tratados internacionales de respeto a los Derechos Humanos pero no los incardinan en sus legislaciones internas.

Para defender el voto en contra de la proposición, la diputada del PP Andrea Fabra argumentó que España tiene una larga trayectoria en el control de la exportación de material de defensa y de doble uso, y todos los casos son objeto de un “minucioso análisis”. El sistema es “avanzado y coherente”, sentenció, y la propuesta “en nada podría contribuir” a mejorarlo.