El Ejecutivo regional considera que la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que modifica las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial y blinda las normas forales fiscales, "lesiona gravemente los intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja, porque le priva de la posibilidad de impugnar las normas forales de carácter fiscal ante instancias judiciales españolas".

Además de desaparecer la posibilidad de recurrir estas normas ante los tribunales de lo contencioso, el Gobierno autonómico afirma que la nueva ley orgánica no prevé que las comunidades y sus órganos colegiados ejecutivos y asambleas puedan impugnar las normas forales ante el Tribunal Constitucional, dado que esta legitimación continúa limitada a las leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley de Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.

Del mismo modo, con la nueva regulación queda descartada la posibilidad de presentar recurso por parte de las organizaciones empresariales, sindicatos o cualquier persona física o jurídica cuyos intereses resulten afectados por las normas forales fiscales.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja entiende que esta normativa reduce "sensiblemente" sus posibilidades de reacción frente a normas forales de carácter fiscal que puedan resultar contrarias a sus intereses y afecta a la competencia reconocida en el artículo 8.1.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que establece la “ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la Comunidad, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”.

Para el Ejecutivo riojano, la ley orgánica es contraria a la Constitución, puesto que impide al TC el control de las normas forales fiscales por la vía del recurso, ya que las Juntas Generales de los Territorios vascos no pueden dictar normas con rango de ley.

Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la nueva regulación lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, en su modalidad de acceso al proceso, puesto que se impide la impugnación de las normas forales a quienes hasta ahora podían hacerlo y priva de tutela judicial efectiva a quienes la tenían reconocida.

SUSPENDER LOS EFECTOS

Además, el Gobierno de La Rioja acordó solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que adopte las iniciativas que considere pertinentes para que se suspendan los efectos de la Ley Orgánica 1/2010 hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo riojano.

El Consejo de Gobierno aprobó también informar a la Comisión Europea sobre la normativa para que adopte las medidas que considere convenientes en el ámbito de su competencia, ya que ostenta la potestad exclusiva para examinar los incentivos fiscales vascos desde la perspectiva del Derecho comunitario.