El Cermi pide especialmente que el sistema de bonificaciones por la contratación de personas con discapacidad no se vea reducido, como sucedió en la anterior reforma de 2006, ya que "una reducción en dicho sistema provocaría un descenso importante en la contratación de discapacitados por parte de las empresas".

La entidad indica en un comunicado que es evidente que la eficacia de dichas bonificaciones depende del carácter selectivo de las mismas, y por ello pide que la discapacidad, junto a otros grupos desfavorecidos, sea uno de los factores prioritarios a la hora de rediseñar el sistema de incentivos a través de estas bonificaciones.

Por otra parte, afirma que es momento para aplicar la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores, mediante la aplicación de las sanciones previstas y el reforzamiento de los planes de inspección.

Asimismo, el Cermi considera imprescindible atender la situación de los jóvenes a la hora de acceder al empleo, puesto que dicho segmento de la sociedad se encuentra en una situación desfavorable con tasas de desempleo 20 puntos superiores al de la población general, resultando especialmente difícil el acceso al mercado laboral a las personas jóvenes con discapacidad, en especial las personas con un discapacidad severa, que tienen un alto déficit educativo que complica más su acceso a un trabajo digno.

Por ello, debería contemplarse "un plus de incentivación a las medidas de contratación para jóvenes, especialmente para los que tienen discapacidad, quienes parten con mayor desventaja que el resto". Para esto, se deberán remover los obstáculos de accesibilidad que se les puedan presentar, aplicar las medidas que prioricen la participación de dicho segmento y garantizar los medios para dicha adaptación.

CONTRATO PARA FORMACIÓN

Por otro lado, considera que el contrato para la formación debería incluir a los jóvenes con discapacidad, posibilitando que la exención del coste y de la formación teórica pueda aplicarse en esta modalidad contractual en todo tipo de empresas, incluso en aquellas de más de 50 trabajadores.

Además, el Cermi propone que se refuercen los servicios públicos de empleo y mejorar la intermediación laboral, puesto que, por lo general, los servicios públicos de empleo no cuentan de forma específica con unidades que cubran las necesidades de la demanda de empleo con discapacidad.

Así, se propone para la corrección de esta situación que los convenios con los servicios públicos de las comunidades autónomas contemplen la obligación de crear en las diferentes oficinas, al menos en las más importantes, unidades de asesoramiento para el empleo de las personas con discapacidad y para las empresas que puedan contratarles.

Para finalizar, el Cermi reclama que si en el próximo documento de la reforma laboral va incluida la no discriminación entre hombres y mujeres en el trabajo, se deberán incluir también otros motivos de discriminación no reflejados hasta ahora.