La moción insta al Gobierno a "suspender la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del ATC de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado".

ICV pretende "paralizar el proceso iniciado por la misma e iniciar un nuevo proceso que posibilite la consecución del consenso político, social, ambiental y territorial más allá del ámbito municipal".

El pasado jueves, Joan Herrera interpeló en el Pleno al ministro de Industria, Miguel Sebastián, sobre los motivos por los que la citada resolución de la Secretaría de Estado de Energía "modificó lo previsto en el real decreto de 2006, variando significativamente el papel de la comunidades autónomas en el proceso de ubicación del ATC".

En la moción, Herrera denuncia la "falta de participación real de las comunidades autónomas o los entes supramunicipales en el proceso de decisión", que "deja en manos de los responsables políticos de municipios de pocos centenares de habitantes una decisión que afectará a regiones enteras".

En su respuesta a Herrera, el ministro Sebastián dejó claro el pasado jueves que "el Gobierno está para gobernar" y, por ello, "el ATC se va a hacer", ya que se trata de "una decisión del Parlamento" que el Ejecutivo ha de llevar a efecto, "es buena para España y cumple todos los requisitos de seguridad". Asimismo, Sebastián pidió a las comunidades el mismo respeto que ellas exigen para sus competencias.