La limpieza del proceso es una de las principales preocupaciones del Consejo Estatal de Ahora en Común, según reconocen sus portavoces, y por ello están consultando con expertos los mecanismos necesarios para garantizarla.

Pretenden evitar la irrupción de 'cuneros', candidatos que no residen en la provincia por la que se presentan, y necesitan para ello garantizar que quienes se inscriben como aspirantes lo hacen realmente en la circunscripción en la que viven y a la que desean representar.

También pretenden que los electores voten únicamente las candidaturas por la provincia en la que residen, es decir, que elijan sin interferencias a quienes serán sus representantes. Quieren evitar que un mismo elector pueda votar varias candidaturas provinciales, por entender que se desvirtuaría el proceso de primarias.

Menos problemas presenta la elección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno, ya que en este caso las primarias se regirán por una única circunscripción electoral.

En ambos procesos de votación simultáneos, un reto global es evitar que alguien pueda votar más de una vez, tanto 'online' como de forma presencial en las mesas que Ahora en Común habilitará por todo el territorio para recoger el voto de quienes no puedan o no sepan hacerlo por Internet.

Para ello, utilizarán herramientas informáticas y contrastarán los datos personales del censo resultante de la votación antes de dar los resultados definitivos.

El método de votación en las candidaturas provinciales será el mismo que utilizó Ahora Madrid: los electores podrán votar a un número determinado de candidatos, otorgando al primero de ellos un punto, la mitad al segundo, la tercera parte al tercero, y así sucesivamente, y después ocupando los puestos de la candidatura en función del respaldo obtenido.

Los aspirantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de primarias y en la Loreg, y aceptar el Código Ético y los ejes programáticos de Ahora en Común. Además, la plataforma se reserva la posibilidad de excluir a quienes hayan estado inmersos en procesos judiciales por corrupción, delitos de xenofobia o violencia de género, entre otros.