En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta defendió que esta ley busca “generar riqueza para todos los españoles, independientemente de donde vivan”, y criticó que los gobiernos autonómicos que más se oponen a ella “son a los que mejor les viene”.

“Una cosa es que la ley pueda estar recurrida, pero no está suspendida”, dijo Sáenz de Santamaría, quien sostuvo que la norma “busca un objetivo común”, que es que “nuestros empresarios y trabajadores tengan las menos trabas posibles para trabajar, para fabricar, para moverse por toda España y para generar riqueza”.

En este sentido, apuntó que el Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado un real decreto que modifica el reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales para corregir los aspectos que son contrarios a la ley de garantías de la unidad de mercado.

De esta forma, la norma aprobada este viernes clarifica que existe una única acreditación en las cuatro especialidades o disciplinas preventivas a desarrollar por los servicios de prevención ajenos (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo), que se otorga una sola vez y que todos los servicios de prevención deben tener, sin posibilidad de una acreditación parcial o por especialidades.

Así, salvo en la apertura de centros sanitarios, las entidades de prevención no tendrán que repetir el proceso de acreditación en otras comunidades cuando ya hayan obtenido una validación.

En esta línea, la norma suprime las referencias al ámbito territorial en el procedimiento de acreditación, además de simplificar el proceso y agilizar el proceso de intercambio de datos entre administraciones públicas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros acordó también la modificación de los criterios básicos de organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.