Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en sentencia. El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para que no resulte ilusoria la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias.

El juez explica en sus siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son graves, complejos y aparentemente delictivos. Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Gran Coral.

En concreto, se están analizando las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California, y Vinorana, en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el FROB, de 246 millones o 250, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.