Esta es una de las principales conclusiones del ‘Informe/Balance sobre labor de control parlamentario del Ministerio de Defensa y de los Programas Especiales de Armamento (X Legislatura; 2011-2015)’, que la diputada de la formación magenta Irene Lozano ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados.

Los autores del estudio dejan claro en los principios rectores del mismo el “reconocimiento y agradecimiento” a la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas, haciendo suyas las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado mes de junio: “aquello que les distingue a ustedes de otros servidores públicos: están dispuestos a entregar la vida, si ello fuese necesario. Nada les compromete tanto, nada les honra tanto”.

Los Programas Especiales de Armamento es el término con el que se conoce a los 19 programas de adquisición de sistemas de armas iniciados entre 1997 y 2006. Merecieron ser categorizados como especiales por la enorme cantidad de recursos movilizados para su realización y sus largos periodos de definición, diseño, ejecución y puesta en funcionamiento.

Los compromisos de pago de este departamento con las industrias del sector a causa del programa modernizador de los sistemas de armas que se inició en 1997 suponen hoy una factura por los 19 PEA que se ha estimado entre 31.000 y 37.000 millones de euros.

Los autores del informe sostienen que el Gobierno admite que dichos programas costarán 29.500 millones, el equivalente al 3% del PIB, por lo que todavía quedan por sufragar, entre 2014 y 2030, unos 22.500 millones, un 2,25% del PIB.

FALTA DE RESPUESTAS

UPyD subraya que durante la legislatura ha formulado preguntas para conocer el monto total de los PEAS sin obtener una respuesta satisfactoria. De hecho, denuncia que entre 2014 y 2015 el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de alguno de ellos, aumentando su coste.

Esto le lleva a concluir que el Gobierno “no es un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas” a la hora de informar a la opinión pública sobre el coste de dichos programas.

De hecho, en las conclusiones de su informe la formación magenta pone un ejemplo práctico sobre esta “falta de transparencia”: los retrasos en la entrega de los submarinos S80, que han obligado al Ministerio de Defensa a realizar operaciones de mantenimiento y renovación de sus actuales submarinos en funcionamiento por valor de 43 millones de euros y por los que el Gobierno no ha informado si ha sancionado a Navantia por ser la empresa encargada de su fabricación.

Por todo ello, el informe concluye que “no se ha ejercido control riguroso sobre el resultado de los programas, siendo habituales los retrasos y sobrecostes llegando incluso a incumplirse los requisitos, sin que esa dinámica implicase exigencia de responsabilidad y depuración de la misma”.

"EXCESIVO PODER INDUSTRIA"

El primer análisis sistemático de los PEAS se hizo siendo ministra de Defensa Carme Chacón, quien encargó al entonces secretario de Estado, Constantino Méndez, unos informes que concluyen que “los contratistas adquirieron un excesivo poder como consecuencia del limitado control que ejerció Defensa”, que “no se ejerció control riguroso sobre el resultado de los programas, siendo habituales los retrasos y sobrecostes”, y que “la industria de Defensa no dudó en aprovechar las ventajas que le proporcionó esta situación”.

Por último, el informe establece que oficialmente el impacto tecnológico sobre España causado por la prefinanciación del Ministerio de Industria de estos programas (unos 14.000 millones) es considerado “muy positivo”, a pesar de que los informes anteriormente citados muestran que “la industria nacional aporta un reducido valor añadido, presenta una limitada complejidad y tiene una notable dependencia tecnológica de terceros”.

Lozano manifestó que el problema con estos programas está lejos de solucionarse, ya que al frente del Ministerio de Defensa se encuentra un ministro “que procede de la industria de defensa, cuyo sesgo es claramente a favor de esta industria”.