Con ello, Justicia acepta las recomendaciones que ha hecho la institución dirigida por Soledad Becerril, como el cumplimiento del Estatuto de la Víctima, que entra en vigor el 28 de octubre. Asimismo, el Ministerio de Rafael Catalá incrementa un 17,6% la partida destinada a cursos de formación de los operadores jurídicos.

Así lo manifestó este viernes el Defensor del Pueblo en un comunicado en el que recuerda que la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores también han aceptado las recomendaciones realizadas.

El Defensor del Pueblo publicó en mayo el estudio ‘La escucha del menor, víctima o testigo’, que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado los procesos penales y formuló recomendaciones a las administraciones para cumplir el Estatuto de la Víctima.

El estudio recomendaba “proponer la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los derechos de los menores víctimas de delitos, establecidos en el Estatuto de la Víctima”.

IMPACTO EMOCIONAL

Justicia también ha aceptado la recomendación de favorecer entornos que disminuyan el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar, lo que se buscará a través de sistemas de videoconferencia y de salas específicas que permitan a los niños prestar declaración en un entorno adecuado y acompañados por personas de su confianza. Esto ya se produce gracias a los 650 equipos de videoconferencias que tienen ya repartidos en 250 sedes.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 97,9 millones de euros para inversiones en edificios y nuevas tecnologías y está en marcha un proyecto para adecuar salas en los juzgados que creen entornos amigables para la declaración de los menores.

El Defensor también pidió que se refuercen las oficinas de asistencia a las víctimas y que cuenten con una persona acompañe a los menores a lo largo de todo el proceso penal, sobre lo que Justicia destaca que también habrá más dinero para la atención psicológica de las víctimas. Dicha partida, que crece un 54,6% hasta alcanzar los 914.610 euros, garantiza “la atención a las víctimas más vulnerables, entre las que se encuentran los menores”, ha detallado Justicia.