Reyero defendió la puesta en marcha “de manera urgente de un servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucios” y señaló que “el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial señala que en 2014 se presentaron 7.109 ejecuciones hipotecarias y se practicaron 2.211 lanzamientos como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria”.

“En tan sólo el primer trimestre de 2015 ya se han llevado a cabo 573 lanzamientos como consecuencia de estos procedimientos”, añadió el diputado de Ciudadanos, que planteó “un nuevo marco jurídico que permita que aquellas personas físicas que se hayan endeudado demasiado puedan tener una segunda oportunidad”.

A su juicio, “las administraciones públicas no pueden permanecer impasibles ante un fenómeno que deriva en situaciones que vulneran de facto derechos fundamentales y contenidos en tratados internacionales”. Propuso “hacer un tratamiento individualizado de cada situación y aplicar un arsenal de soluciones posibles mucho más amplio y complejo”.

La diputada socialista Josefa Navarro apoyó esta iniciativa, que ha recogido las aportaciones del PSOE y PP, aunque destacó que su grupo presentó al final de la pasada legislatura medidas de este tipo que fueron rechazadas en aquel momento por el PP. Agregó que el PP ha cambiado de posición “presionado por la realidad” y añadió que “se ha perdido mucho tiempo”.

El diputado del PP Alfonso Serrano dijo que “hemos enmendado una iniciativa que compartimos” y señaló que el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes ha puesto en marcha una “agenda social para las personas vulnerables para que nadie se quede atrás”.

El diputado de Podemos Marco Candela explicó la abstención de su grupo porque “preferimos soluciones reales y no actuaciones que persiguen colgarse una medalla”. Agregó que el mecanismo aprobado para combatir los desahucios es “útil pero fruto del politiqueo” y destacó que la vivienda es un “derecho fundamental”.

Asimismo, Candela defendió la personación de la Comunidad de Madrid en los procesos entre particulares en materia de alquiler de viviendas, con el objetivo de “defender al más débil en una relación contractual”.