Así lo señaló este lunes el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo, donde compareció para defender la propuesta del Gobierno para la reforma del Sistema de pensiones.

En este sentido, Corbacho advirtió de que "ningún país puede permitirse prescindir de trabajadores valiosos que acumulan experiencia y conocimiento y mantienen plenas facultades".

Por esta razón, el Ejecutivo insta a los grupos parlamentarios a acordar medidas que restrinjan el "uso abusivo de fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada".

Dentro de estas medidas, el Gobierno aboga también por limitar las posibilidades de reducción de plantilla en las empresas que registren beneficios en sus cuentas.

Asimismo, Corbacho destacó la necesidad de incrementar la edad de jubilación mínima de las actividades con coeficientes reductores más allá de los 52 años actuales.

ANÁLISIS "CON RIGOR"

El ministro defendió ante el Congreso la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad legal de jubilación general de los 65 años actuales a 67 años.

En su intervención, Corbacho aseguró que "sería irresponsable" no poner sobre la mesa el debate sobre el retraso de la edad de jubilación, úna medida que, en su opinión, "reponde al incremento de la esperanza de vida y al retraso en la incorporación al mercado de trabajo".

No obstante, admitió que este tema es "particularmente sensible para la ciudadanía", por lo que pidió a los grupos parlamentarios que analicen la propuesta "con rigor" para lograr el mayor consenso posible.

El ministro quiso también "zanjar definitivamente" la polémica sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y recordó que el documento del Ejecutivo "no establece ningún aumento", sino que dice que debe ser un tema "objeto de reflexión y debate".

Por otro lado, Corbacho reiteró que la situación actual de la Seguridad Social "es muy buena" y que su viabilidad "no está amenazada a corto plazo".

Sin embargo, admitió que la "indiscutible solidez" del Sistema "no puede llevarnos a ignorar la necesidad de impulsar reformas de cara a los próximos años, que garanticen la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo".

Así, apostó por tomar "reformas ambiciosas, pero de aplicación moderada y no traumática" que contribuya a mejorar la equidad y el funcionamiento del Sistema.