Así lo denunció a la entrada a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que preside el ministro Alfonso Alonso.

“Valoramos que los recursos previstos, pese a la ampliación, son insuficientes para el número de personas que deben ser atendidas”, dijo, en un entorno, el de la Ley de Dependencia, que en su opinión sufre una “insuficiencia crónica” desde el punto de vista económico. Por ello, Munté exigió que se cumpla la normativa “en sus estrictos términos”.

Asimismo, la consejera catalana advirtió de que la reunión será un “balance de la legislatura” que “con toda probabilidad será la última”, un periodo que consideró “altamente negativo por los recortes presupuestarios que han afectado al sistema de servicios sociales y la dependencia”.

RECORTES

En esta línea, denunció que Cataluña ha dejado de percibir en los últimos años aproximadamente 240 millones “con los recortes que se han producido sólo en el ámbito de la dependencia”, y que se han endurecido las condiciones de acceso al sistema y se ha producido una “recentralización” a través de diversas leyes.

Finalmente, la consejera recriminó al Gobierno central el incumplimiento de las sentencias sobre el 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, que “debe ser territorializado”. “No ha habido ningún gesto por parte del Gobierno para cumplir estas sentencias”, por lo que, agregó, las entidades sociales catalanas han sufrido “un perjuicio claro”.