Así lo afirmó el regidor madrileño en una mesa redonda de la II Jornada Parlamentaria sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, celebrada en el Congreso de los Diputados y que compartió con otros alcaldes de grandes ciudades, como Alfredo Sánchez Monteseirín (Sevilla), Iñaki Azkuna (Bilbao), Miguel Ángel Cámara (Murcia) y Abel Caballero (Vigo).

El nuevo régimen sancionador de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, inspirado en los juicios rápidos y que tiene como objetivo fundamental el pago exprés de las multas, fue aprobado por el Congreso a finales del pasado mes de octubre. El grueso de esta norma entrará en vigor a finales del próximo mes de junio.

Gallardón afirmó que "la reforma de la ley de seguridad vial no ha sido todo lo generosa que debería haber sido con los ayuntamientos y algunos problemas deberán seguir esperando a futuras reformas" para ser solucionados.

En este sentido, criticó que la nueva norma haya suprimido la pérdida de dos puntos en el carné de conducir por estacionar en el carril bus. "No es un paso adelante en la disminución o erradicación de comportamientos que hacen menos atractivo el uso del transporte público", señaló.

Además, tildó de "desacierto" la eliminación de la suspensión temporal del carné de conducir y consideró que ésta "era mucho más disuasoria y educadora que la propia multa".

Con estos dos ejemplos, Gallardón contradijo a quienes acusan a los ayuntamientos de "tener voracidad recaudatoria", ya que se trata de un caso que afecta "gravemente" al transporte público y de otro que disuade de sentarse frente al volante.

Por otro lado, Gallardón señaló que la ley "ha dejado pasar por alto" algunos aspectos sobre el estacionamiento, sobre las señales de tráfico específicas de los municipios y las competencias municipales para regular el uso de las bicicletas.

La última desavenencia respecto de la reforma de la ley de tráfico deslizada por Gallardón tuvo que ver con la mejora de los métodos para localizar a un conductor que ha cometido una infracción. "Los ayuntamientos seguimos teniendo problemas muy importantes cuando queremos localizar a los ciudadanos que no residen en nuestros municipios ni tampoco en nuestras comunidades autónomas", agregó.