Según esta asociación, entre cuyos miembros se encuentran empresas como Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo, el texto aprobado por el Parlamento -con el apoyo de todos los grupos excepto el PP- "introduce criterios de carácter económico, expresamente prohibidos en la norma comunitaria".

En concreto, incluye una disposición adicional que señala que las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos". Para Anged, esto supone "una disposición claramente inconstitucional en la medida en que mediante norma estatal se introducen criterios de planificación urbanística sobre las que el Estado no puede actuar".

Anged agrega que una sentencia del Tribunal Constitucional prohíbe, de hecho, al Estado que regule o prejuzgue aspectos que corresponden propiamente al urbanismo. "El Estado no puede condicionar ni los usos del suelo en cada territorio ni indicarles a las comunidades autónomas y los entes locales cómo deben planificar en esta materia", señala.

Asimismo, Anged entiende que la norma estatal contiene disposiciones que pretenden establecer una configuración determinada del comercio, en tanto que dictamina que se "tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención a aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de desplazamiento".

Desde su punto de vista, este es un criterio de carácter económico (la determinación de la composición de la oferta), expresamente prohibido por la directiva de servicios en la medida en que supone una apuesta por un modelo de comercio -el de proximidad- en detrimento del resto de los formatos.

Anged considera que el Gobierno central ha desaprovechado una oportunidad "única" para configurar un sector del comercio más eficiente y competitivo, que se desarrolle en un marco de libre competencia e incentive la inversión y la creación de empleo.

Finalmente, incidió en que "la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid es la única que se ajusta fielmente al espíritu de la directiva y permite el desarrollo de un mapa comercial en el que caben todos los formatos, respetando absolutamente la libertad de elección de los consumidores".