Entre ellas, “intermediar entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos hipotecarios, ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para hacer frente a las consecuencias de la situación de sobreendeudamiento e informar y asesorar sobre prestaciones o recursos complementarios a la interlocución con las entidades financieras: ayudas de emergencia, renta mínima o alquiler social”.

En la exposición de motivos, Reyero señala que en la Comunidad de Madrid “no existe un servicio de este tipo y consideramos necesario además organizar desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia las actuaciones que algunos ayuntamientos están poniendo en marcha después de las elecciones del pasado mayo, con objeto de construir un sistema coherente” en toda la región.

Indicó que “los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en 2014 y publicada por el INE a finales de mayo de 2015, indican que la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid es de un 14,7%”.

“En este mismo informe se recoge que un 8,1% de los hogares madrileños incurre en retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, que un 12,4% presenta muchas dificultades para llegar a fin de mes y que una tercera parte de los hogares no tiene capacidad en estos momentos para afrontar gastos imprevistos”, añade Reyero en la iniciativa.

Tras exponer que “uno de los efectos de la crisis ha sido que muchas familias se hayan encontrado con dificultades o que directamente hayan sido incapaces de cumplir con las obligaciones contraídas en sus préstamos hipotecarios”, Reyero afirma que “la primera dificultad que nos encontramos a la hora de abordar el problema de los desahucios es la necesidad de diferenciar lo que son ejecuciones hipotecarias de impagos de alquiler; ejecuciones con lanzamientos (no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios); pisos con solares o locales; o residencia habitual con segunda residencia”.

La iniciativa señala que en 2014 se presentaron 7.109 ejecuciones presupuestarias (1.596 en el primer trimestre de 2015) y se practicaron 2.211 lanzamientos como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria (573 en el primer trimestre de 2015).

Desde Ciudadanos consideran que, desde el nivel autonómico, “podemos contribuir a la solución abordando la problemática de los desahucios desde una perspectiva integral y alineando perspectivas tanto jurídicas como financieras y sociales".

A juicio de Ciudadanos, "el sistema de servicios sociales es el más indicado para actuar como interlocutor público y hacerlo, además, en coordinación de los servicios sociales municipales”.