En los años siguientes, Campus de la Justicia no rindió cuentas en el plazo establecido o lo hizo fuera de plazo, dijo Canalda, quien señaló que cuando ya se había decidido liquidarla en 2011, en 2012 se hizo una aportación de 8,5 millones de euros, quedando el acumulado en más de 130 millones.

Tras aclarar que Ciudad de la Justicia es “el único organismo que no ha rendido cuentas”, achacó la responsabilidad de esa situación a los órganos gestores de esta empresa pública.

Canalda informó de que hasta en 14 ocasiones notificó al Gobierno regional y a la Asamblea de Madrid esta situación y destacó que la Cámara de Cuentas no tiene capacidad ejecutiva para exigir el rendimiento de cuentas.

“Hemos hecho más de lo que teníamos que hacer”, dijo Canalda, quien añadió que también requirió en cuatro ocasiones a Campus de la Justicia para que cumpliese con su obligación de rendir cuentas.

Asimismo, afirmó que la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas ha mejorado en los últimos años, ya que en la actualidad se fiscaliza el 98% del Presupuesto de la Comunidad, mientras que cuando él llegó al cargo, en 2012, el porcentaje era inferior al 60%.

Asimismo, pidió el apoyo de los grupos parlamentarios para reformar la Ley de la Cámara de Cuentas y señaló que “necesitamos más apoyo del Parlamento”.

REFORMAR LA LEY

En este mismo sentido, el diputado del PP Juan Antonio López Angulo anunció que su grupo propondrá una reforma de la actual legislación para dotar a la Cámara de Cuentas de capacidad sancionadora y que se cumpla la rendición de cuentas.

La diputada socialista Mercedes Gallizo criticó que el Campus de la Justicia no haya entregado sus cuentas y dijo que quiere saber si el dinero que aportaba la Comunidad de Madrid “se gastaba adecuadamente”. “Han sido años y años de descontrol”, según Gallizo, quien denunció la poca eficacia de los “que tienen que controlar a los que no quieren ser controlados”.

La diputada de Ciudadanos Susana Solís denunció que se hayan gastado 105 millones de euros en la Ciudad de la Justicia y preguntó a Canalda “por qué no se ha incluido en el plan anual de fiscalización de esta Cámara la sociedad Campus de la Justicia, ni se ha fiscalizado ningún contrato de esta sociedad”. Asimismo, pidió “reformar la ley que rige la Cámara de Cuentas para que el control sea más exhaustivo y se pueda tener una mayor capacidad controladora”.

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez se mostró “sorprendido” de la actuación de la Cámara de Cuentas en este asunto, porque “tiene capacidad para instar a la presentación de informes de fiscalización”.