La causa por la que se investiga a Rato está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, que tiene que determinar si el juzgado competente para estudiar el caso es el de Madrid o debe pasar a la Audiencia Nacional. Mientras no se produce esa decisión, Serrano-Arnal sigue instruyendo el caso.

El pasado viernes tomó declaración a la secretaria del exvicepresidente, Teresa Arellano, y al empresario que actuó supuestamente como su testaferro, Miguel Ángel Montero. Ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. En total hay nueve imputados en esta causa. Las pesquisas se centran en conocer si hubo pagos a Rato de dos empresas de publicidad con las que contrató Bankia. Entre los imputados están personas vinculadas a las dos empresas de publicidad relacionadas con el pago de comisiones: Zenith Media y Publicis.

Las dos compañías multiplicaron su volumen de negocio durante la presidencia de Rato en Bankia y el juez sospecha que estas compañías le pagaron comisiones a través de una sociedad pantalla, la empresa Albinsa, cuyo administrador, Alberto Portuondo, es el único encarcelado de la causa. Las firmas de publicidad se habrían adjudicado contratos de 40 millones de euros, mientras la firma del supuesto testaferro se habría llevado dos millones, que luego desvió en parte a Rato. El exvicepresidente ya declaró por estos hechos ante la Guardia Civil.