Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también comparecieron el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

“Se da paso al cumplimiento de una de las medidas CORA más importantes y se estima que, al año, las empresas pueden ahorrar 90 millones de euros" mediante la utilización de este Documento Único Electrónico (DUE), señaló.

La 'número dos' del Ejecutivo explicó que, de este modo, se da "un paso más" en el cumplimiento de las medidas de la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En este documento de extinción y cese de actividad se incluirán todos los datos referentes al empresario individual y a las sociedades de responsabilidad limitada que deben remitirse a los registros jurídicos y a las administraciones públicas.

Los datos a consignar serán de dos tipos: datos básicos, a cumplimentar al inicio de la tramitación, y datos a consignar en cada fase de la tramitación por las Administraciones Públicas competentes para la extinción y cese de la empresa y, en su caso, por el notario interviniente en la disolución, liquidación y extinción de la sociedad y por los encargados de los registros jurídicos.

Ambos tipos de datos figurarán en una lista, constantemente actualizada, en la subsede electrónica del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) del Ministerio de Industria. Una vez consignados en el DUE los datos básicos, el sistema de tramitación telemática le asignará el número del Centro de Información y Red de Creación de Empresas correspondiente, con lo que así se identifica de manera única e inequívoca al DUE y se podrá proceder a continuación a la realización de los demás trámites.

JUSTICIA Y TIC

La ‘número dos’ del Gobierno anunció, además, que el Consejo de Ministros dio luz verde a otras medidas para avanzar en el impulso de la administración electrónica, entre ellas, la encomienda de gestión para registros de actividad judicial y modernización tecnológica de Justicia, a la que se destinarán 15 millones de euros, y la conocida como Estrategia TIC.

“Hemos escalado 11 puestos según un informe de la ONU y estamos en el puesto 12 en el ranking mundial en administración electrónica”, destacó la vicepresidenta del Gobierno.

La encomienda para reforzar los medios tecnológicos relacionados con la gestión de registros de apoyo administrativo a la actividad judicial permitirá "impulsar técnicamente las plataformas y sistemas de información y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia".

El objetivo es cumplir con los compromisos establecidos en el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales e incluye, entre otras actuaciones, la adaptación del Sistema de Información del Ministerio Fiscal, el soporte técnico y funcional a la Fiscalía General del Estado y la mejora del actual archivo judicial del Tribunal Supremo.

Por su parte, la Estrategia TIC plantea la transformación digital antes de 2020, y para ello incorpora las recomendaciones de la OCDE y la estrategia de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital.

Además, es "un claro instrumento" para la aplicación de las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Entre sus objetivos está configurar los planes de los ministerios para emprender la transformación digital en su ámbito de competencia con el fin de llegar a un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, de carácter obligatorio y que sustituya a los existentes, salvo excepciones.