Domingo explicó, en declaraciones a Servimedia, que "en la normativa general autonómica, española y comunitaria no existe ninguna obligación de denunciar", al contrario de lo que prevé el Código de Consumo de Cataluña, "el único", dijo, "que introduce deberes y derechos lingüísticos".

Esto constituye, en su opinión, "una situación anómala", ya que "el derecho a denunciar está en toda normativa, pero no el deber de denunciar en lo que respecta a derechos lingüísticos".

Hasta ahora, según Domingo, la normativa lingüística en Cataluña obligaba a "entender para atenderte", lo que constituía una disponibilidad pasiva, pero con el nuevo código "es necesario atender en la lengua del cliente". "Esto es una barbaridad", aseveró.

"En Cataluña existe la obligación de atenderte en el idioma en el que te has expresado", subrayó, lo que consideró "un auténtico despropósito".

Además, afirmó, "si esto se incumple existe la obligación de denunciar". Las consecuencias, además de multas de hasta 10.000 euros por faltas leves, pueden incluso derivar en el cierre temporal del establecimiento.

"TOTALITARISMO LINGÜÍSTICO"

"Estamos ante una situación de totalitarismo lingüístico", dijo Domingo, quien calificó la norma de "absurda" y "extremista". Además, la normativa establece que las facturas, presupuestos o contratos deben estar, al menos, en catalán. "Esto supone que muchas empresas que extienen los 'tickets' de caja en castellano, porque la impresora está confeccionada así, tendrían que modificarlo", lo que, dijo, "supone muchos gastos".

Desde su punto de vista, es sorprendete que "en un régimen de cooficialidad lingüística, solamente una lengua sea obligatoria. Si extiendes la factura en catalán no incumples la norma, pero si lo haces en castellano, sí".

El Código de Consumo se encuentra en estos momentos en el Parlamento catalán, en la fase de comparecencias. Después, se calcula que tras la fase de enmiendas, entre mayo y junio, se proceda a su aprobación por la Cámara regional.

"Esperemos que entren en razón y se modifiquen las enmiendas oportunas", subrayó Domingo, aunque reconoció no tener demasiadas esperanzas dado "el grado de fanatismo del tripartito y CiU".

Según anunció, su grupo insistirá en un sistema basado en la existencia de una lengua comprensible en un régimen de libertad, la eliminación del régimen sancionador y la petición de la amnistía de las multas emitidas hasta ahora.

Finalmente, se refirió a los empresarios y explicó que antes vivían con mucho escepticismo esta situación, pero "cuando empezaron a caer cascadas de sanciones y ven que los talibanes que están a cargo de consumo, con el consejero Castells al frente, están aplicando de forma muy rigurosa esta política, están indignados y sorprendidos".