Esta organización aseguró que el Ejecutivo comunitario “conocía desde hace años el riesgo de los dispositivos defectuosos a la hora de controlar de forma fiable las emisiones de los vehículos diésel”, tras los avisos del Centro Común de Investigación, adscrito a la Comisión Europea.

“La situación de ilegalidad ha persistido hasta que se ha destapado el escándalo. Incluso después de haber sido destapado, la Comisión, que los primeros días de la crisis parecía dispuesta a exigir investigaciones urgentes, ha cedido ante la presión de los Estados miembro y de la industria automovilística y el pasado 1 de octubre comunicaba que la compañía alemana puede tomarse el tiempo que necesite para su investigación”, explicó.

Ecologistas en Acción indicó que esta actuación sitúa al Ejecutivo presidido desde el pasado 1 de noviembre por Jean-Claude Juncker en “un claro caso de mala administración y de una prolongada dejación de funciones en el tiempo”, por lo que sopesa denunciar a la Comisión Europea ante el Defensor del Pueblo Europeo.

“A pesar de los informes sobre los dispositivos defectuosos, que detectan cuando el vehículo está siendo evaluado en laboratorio, y de otros fallos conocidos desde hace años del sistema de control de emisiones, la Comisión Europea no ha mostrado ninguna iniciativa para enmendar esta situación. La normativa Euro 6, adoptada en 2007, requiere que los vehículos sean testados en condiciones reales de conducción. Sin embargo estas pruebas aún no se realizan a día de hoy”, recalcó.

Además, Ecologistas en Acción apuntó que “las sospechas sobre la práctica generalizada de fraudes en estos test es conocida por la Comisión Europea desde hace años, que, sin embargo, se empeña en negar la mayor al afirmar que no hay indicios de que el fraude sea generalizado”.

“El escándalo de Volkswagen es la punta del iceberg de un sistema fraudulento que permite maquillar los resultados que aparentan mejoras en las emisiones que no son reales”, concluyó.