Esquerra recuerda que el artículo 10.1 de la Constitución de 1978 afirma que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son fundamenteo del orden político y de la paz social".

La vida, agrega, como objeto de protección jurídica, "no representa, en principio, ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional", puesto que está consagrada como derecho de todos.

Según ERC, una "interpretación integradora de vida y libertad" y el respeto al "libre desarrollo de la personalidad" obliga a "considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido".

Por tanto, considera que "la vida es un derecho, no un deber", y debe "rechazarse una confrontación ficticia entre vida y libertad" apelando a criterios como "la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológica-natural".

En consecuencia, ERC entiende que "la regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada" desde una perspectiva que reconozca la "disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir".