Así lo explica el Ejecutivo en una nota de prensa en la que destaca que se trata de "la primera vez" que el ordenamiento jurídico español aborda la Seguridad Nacional "de forma integral implicando a todas las administraciones públicas" y "a la sociedad en general".

"Es resultado del consenso con el principal partido político de la oposición", subraya para incidir en que se ven afectados los derechos fundamentales y libertades públicas".

El Gobierno insiste en que la finalidad de la ley es "permitir una coordinación más eficiente en el uso de los instrumentos del Estado" y no "implica la alteración del desempeño ordinario de las respectivas atribuciones por parte de las autoridades competentes".

"Para hacer frente a las crisis de forma tanto preventiva como reactiva, el Consejo de Seguridad Nacional dirige y coordina las actuaciones pertinentes, y estará asistido por un Comité Especializado de gestión de crisis, que busca mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas", refleja el texto.

Además, la ley recoge una "novedad importante" que pasa por la regulación de las situaciones de interés para la Seguridad Nacional. "Viene a rellenar un vacío normativo existente", apunta en relación a los estados de alarma, excepción y sitio.

"Consagra la política de Seguridad Nacional como política pública de responsabilidad del Gobierno destinada a sustentarse con el más amplio respaldo parlamentario posible", destaca.

Igualmente, el Ministerio de la Presidencia hace hincapié en que la ley "a la vez que potencia las capacidades del Estado para responder a desafíos muy diversos que golpean los cimientos del Estado de Derecho y la libertad y el bienestar de los ciudadanos", "será útil para crear una cultura de Seguridad Nacional haciendo que los ciudadanos se sientan protagonistas de la nueva política pública".