La Abogacía recurrirá la resolución sancionadora por considerar que tanto la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como la Orden Ministerial de 3 de junio de 1997 regulan el actual sistema de asistencia jurídica gratuita como un Servicio Público de interés general que tiene normas específicas de organización y prestación por los abogados adscritos al Turno de Oficio y por ser garantía de atención adecuada a los ciudadanos.

Eliminar estas garantías, como pretende la CNMC, permitiendo que los ciudadanos sean representados por abogados que están a decenas o cientos de kilómetros y no los conocen personalmente perjudica a este servicio público y a un colectivo tan vulnerable como son los usuarios carentes de recursos y que más necesitan la asistencia jurídica gratuita por carecer de medios económicos para defender sus derechos.

Para la Abogacía, el ordenamiento vigente no justifica la imposición de una sanción. Además, la regulación ministerial persigue un objetivo legítimo y sólo busca garantizar los derechos de los usuarios del servicio público del Turno de Oficio, garantizando que los abogados estén mínimamente cercanos a los ciudadanos a quienes asisten.

Con la finalidad de que se pueda seguir prestando a los ciudadanos el servicio público de Justicia Gratuita con garantías, el Consejo General de la Abogacía Española está colaborando con la CNMC para buscar soluciones alternativas.