Las leyes, impulsadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, llegan a la Cámara Baja con sendas enmiendas del Senado. La del Tercer Sector incluye una modificación por la que se darán 10,5 millones de euros en subvenciones de concesión directa a 37 ONG de ámbito estatal, con cargo a los Presupuestos de este año. La enmienda a la de Voluntariado versa sobre los permisos a sanitarios para que hagan voluntariado.

La enmienda del PP enumera las 37 ONG estatales que serán beneficiarias este año de ayudas directas por un importe global de 10.571.500 euros, desglosadas en cuatro partidas: programas de personas con discapacidad (4.100.000), actuaciones de acción social (4.019.310), programas de infancia y familias (2.347.190) y la Fundación Víctimas del Terrorismo (105.000).

La norma busca “establecer un marco regulatorio, a nivel estatal, que ampare a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, de acuerdo con el papel que deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión”.

Por su parte, la nueva normativa del Voluntariado excluirá de las ONG a quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo, violencia doméstica o de trata de personas, autoriza a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a disfrutar de un permiso para colaborar en emergencias humanitarias con una duración generalmente de tres meses, que podrá prorrogarse de forma extraordinaria hasta medio año.

De esta forma, la ley facilita la actividad de cooperación en emergencias humanitarias a profesionales de la sanidad pública, con un permiso no retribuido o remunerado parcialmente, siempre en proyectos de ONG u organismos internacionales avalados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

DEBATE PARLAMENTARIO

La diputada del PP Ana Belén Vázquez, encargada de defender la Ley del Tercer Sector, justificó que las ayudas propuestas en la enmienda es “para gastos corrientes, no para territorios”, porque se trata de hablar “de una solidaridad con todos los españoles”, a pesar del “jaque” que han intentado proponer al Gobierno “Convergencia y el Gobierno de Artur Mas”.

Su compañero de filas, Juan Carlos Grau, recordó el “consenso” del sector en torno a la Ley del Voluntariado y pidió el apoyo del Hemiciclo en su votación, lamentando también que durante el trámite parlamentario el texto no haya contado con más apoyo. No obstante, dijo que este miércoles era “un gran día para el Tercer Sector” y para los millones de voluntarios que trabajan en él, pues ambas leyes tienen “cargado carácter social”.

La diputada del Grupo Socialista, Soledad Pérez Domínguez, confirmó que su grupo votaría a favor de la enmienda planteada en el Senado a la Ley del Tercer Sector, aunque no respalda la de la Ley del Voluntariado, porque “ni es el momento ni es el lugar, ni son las formas”, y debería extenderse a otros colectivos y no sólo en lo que respecta a los profesionales sanitarios y contar con el diálogo con las comunidades autónomas y representantes de los trabajadores.

La parlamentaria celebró que se tramitasen estos proyectos, aunque lamentó “que no vayan más allá”, y se haya “perdido la oportunidad” de incidir más en los dos ámbitos. “Poco se ha avanzado cuantitativamente”. “Sin un euro más sobre la mesa es imposible llevar adelante ninguna de las propuestas”, aseveró.

Sobre la Ley del Tercer Sector justificó su apoyo para no perder la partida presupuestaria y sería perjudicada “toda la ciudadanía”, también las de las comunidades autónomas que critican el choque de competencias.

El diputado de UPyD, Julio Lleonart, subrayó que ambas leyes tienen un apoyo bastante grande de cada uno de los sectores y mostró el respaldo de su grupo a las enmiendas incorporadas en el Senado.

CRÍTICAS DE NACIONALISTAS

Para Emilio Olabarría, del Grupo Vasco, ambas leyes son “dos ejemplos de manifiesta recentralización en materia de asistencia social”. También recordó que la actividad de voluntariado no necesariamente tiene que ser de ámbito estatal, que también puede serlo de ámbito.

Carles Campuzano, en nombre de CiU, hizo suyo el concepto de “legislación líquida” acuñado por Olabarría, pues según dijo la Ley del Tercer Sector “no resuelve problemas reales”, como los relativos a fiscalidad, mecenazgo, subvenciones, contratación pública responsable, políticas activas de empleo para el Tercer Sector, las deudas de las administraciones con las ONG.

También dijo que el Gobierno se “inventa” leyes para ir “saltándose” las sentencias del Constitucional y del Supremo, como la relativa a las ayudas al Tercer Sector que, desde la perspectiva del diputado, justifica la citada enmienda. No obstante, manifestó que su grupo se abstendría en la votación de esa enmienda. “Ustedes deben ser capaces de bajar del burro” para “evitar más prejuicios” a las entidades del Tercer Sector, agregó.

Sobre la Ley del Voluntariado, dijo que la ley quedaría “confusísima” en materia de competencias autonómicas, por el “alto nivel de detalle de intervencionismo en el voluntariado”.

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya mantuvo su “oposición crítica”, entre otras cosas, por dejar “fuera” del sector a las cooperativas sociales y las empresas de inserción. “No deja de ser curioso y perverso que se utilice una ley para tramitar subvenciones directamente a entidades”, agregó, medida que en su opinión discrimina al Tercer Sector catalán, que actúa sobre 2,1 millones de destinatarios. Recordó que Cataluña y País Vasco tienen competencias exclusivas, por lo que el Gobierno “se pasa por el forro las sentencias del Tribunal Constitucional”.