En un comunicado, los responsables de esta federación reclaman que se lleven a cabo, “hasta las últimas consecuencias”, las investigaciones tendentes a aclarar lo ocurrido y que se exijan “todas las responsabilidades de los estamentos del grupo implicados en el fraude”.

En este sentido, insisten en que estas responsabilidades “deben buscarse en la cabecera del grupo y no en las plantas de producción y, menos aún, permitir que los trabajadores de las mismas puedan pagar las consecuencias”.

Así, demandan a la dirección del grupo que “cumpla con los compromisos adquiridos en cuanto al diseño industrial, inversiones y empleo en las plantas españolas”.

Por su parte, defienden que las autoridades españolas tienen la “obligación” de defender el empleo en el país, por lo que deben oponerse a cualquier “tentación” del grupo de “repartir, entre todos, las consecuencias de este fraude”.