El Grupo Socialista pedía una vez más en el Congreso de los Diputados, como antes lo hicieron otros grupos, la derogación del 'decreto Mato' que expulsó del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes irregulares, implantó el copago farmacéutico a los pensionistas e incrementó éste para el resto de los ciudadanos.

La portavoz del PP Teresa Angulo calificó de "mito y ficción" que en 2011,cuando gobernaba el PSOE hubiera sanidad universal, ya que "los parados de larga duración no la tenían" hasta la aprobación del decreto de julio de 2012.

También acusó al PSOE de una gestión pésima. "No pagaban las facturas y así nos encontramos el país como nos lo encontramos".

Además, recordó que la sanidad española atiende "a más de 185.000 inmigrantes irregulares, que cuestan 244 millones de euros al año". "Siempre que nos digan que volvamos a 2011, les diremos que no", concluyó Angulo.

Por su parte, la diputada del PSOE María del Puerto Gallego calificó de "cruel" el 'decreto Mato' que "rompió el pacto sanitario, el modelo que llevaba funcionando más de 30 años". En su opinión, este decreto va en contra del artículo 43 de la Constitución, que "protege el derecho a la salud" de todas las personas y recordó que la Organización Médica Colegial, organizaciones sanitarias y hasta el Defensor del Pueblo se han mostrado en contra de este decreto que, según el PSOE, "el único objetivo que persigue es abrir el negocio a la sanidad privada.

El resto de los grupos apoyaron en bloque la iniciativa del PSOE. La Izquierda Plural, en boca de Ana María Castaño acusó al Gobierno de concebir la sanidad "no como un derecho sino como una mercancía. Un cruel y sucio negocio, que basa el beneficio en el dolor de las personas".

El PNV, por su parte, preguntó "¿cuanto ha ahorrado el Estado con este decreto? Creo que la gestión cuesta más que lo que se ahorra", concluyó.