En concreto, Mas tendrá que responder al juez el próximo 15 de octubre a partir de las 10.00 horas. Previamente, el día 13 responderán la consejera de Educación, Irena Rigau, a las 10.00 horas y la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Joana Ortega, a las 16.00 horas.

El TSJ había aplazado las citaciones de los tres imputados hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas que han tenido lugar este domingo.

El Tribunal Superior tiene la obligación de investigar "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014" y "todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados" con la desobediencia a la hora de convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El presidente en funciones de la Generalitat tendrá que responder de los delitos de desobediencia grave, obstrucción a la Justicia, prevaricación y malversación al permitir que se celebrara el llamado 'proceso participativo' que había sido suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ admitió a trámite el pasado 22 de diciembre la querella interpuesta por la Fiscalía contra Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por entender que la suspensión cautelar de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional no fue acatada por los querellados y causó efectos irreversibles ante de que el alto tribunal pudiera pronunciarse sobre el fondo del asunto.

El presidente Artur Mas está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y por eso todo el caso será estudiado por este tribunal, pese a que Ortega ya no es vicepresidenta del Gobierno catalán.

La presentación de la querella motivó discrepancias entre la Fiscalía General del Estado y el ministerio público de Barcelona, que se oponía.

Mas está siendo investigado por los delitos de desobediencia grave, penada con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de seis meses a dos años; obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones judiciales, castigado con prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público entre uno y tres años; prevaricación administrativa, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años; y malversación de fondos públicos, que puede tener una pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público entre seis meses a tres años.