En materia de legislación sobre seguridad de estas zonas de juego, el informe advierte que ni la Administración General del Estado ni la mayoría de las comunidades Autónomas y municipios han establecido unos requisitos mínimos obligatorios de seguridad sobre la instalación, conservación y mantenimiento del equipamiento de los parques infantiles.

Eso significa, según la institución del Defensor del Pueblo, que “en muchos lugares no solo no está garantizado que la instalación se ha ejecutado correctamente y que se realizan periódicamente tareas de mantenimiento, sino que ni siquiera es exigible. Así pues, unos niños juegan en condiciones más seguras que otros”.

Respecto a la exigibilidad de la seguridad, en los casos de las dos únicas comunidades autónomas que han regulado la materia (Andalucía y Galicia) no se ha incluido un capítulo sobre infracciones ni sanciones.

“No es suficiente”, señala el informe, “exigir que los equipos de juego se fabriquen cumpliendo todos los estándares europeos de seguridad; debe exigirse además una instalación adecuada y la realización de inspecciones periódicas y tareas de mantenimiento por personal cualificado. Los equipamientos de juego infantil tienen una utilización intensiva, continua y constante; en consecuencia, las labores de conservación y mantenimiento también han de serlo”.

"MARGEN DE MEJORA"

En cuanto a la accesibilidad, el Defensor ha constatado que “en la actualidad hay pocos parques infantiles adaptados en nuestro país que permitan la integración de todos los niños, con y sin discapacidad”.

“Este déficit, que suele pasar inadvertido para la población no afectada, supone un problema no solo para los niños, que no pueden acceder ni utilizar las instalaciones, sino también para los padres y cuidadores, que no disponen de espacios de recreo donde los pequeños puedan interactuar en condiciones de igualdad con otros niños de su edad”, agrega el estudio.

Según el Defensor, la Administración General del Estado ha regulado unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, pero “se ha obviado las áreas de juego infantil y los equipamientos recreativos infantiles.

Sería un gran paso, a su juicio, establecer unos requisitos de accesibilidad a las áreas de juego infantil, no solo en itinerarios y rampas de acceso a los parques, sino también en el equipamiento de juego.

El Defensor del Pueblo considera que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero “hay un margen de mejora para hacer que las áreas de juego de nuestras ciudades y pueblos sean más seguras y más accesibles”. Por eso, propone una serie de recomendaciones entre las que destaca la aprobación por parte de la Administración General del Estadode unas condiciones mínimas de seguridad que deban cumplir todas las

áreas de juego infantil de nueva construcción.

Además, plantea que los ayuntamientos realicen inspecciones periódicas por técnicos cualificados y que publiquen en sus páginas webs

información actualizada sobre las inspecciones realizadas. También reclama que los municipios implanten un sistema rápido y ágil de denuncias sobre falta de limpieza o deterioro de los juegos o sobre cualquier otra incidencia que pueda poner en riesgo a los menores usuarios.

Por lo que se refiere a la accesibilidad, el Defensor aconseja que los consistorios publiquen ordenanzas de requisitos mínimos de accesibilidad de las áreas de juego infantiles municipales y que adapten paulatinamente los ya construidos.

“Es factible que en los municipios de más de 5.000 habitantes las áreas de juego infantil de nueva construcción, o cuando se renueven las ya existentes, una parte de los elementos de juego puedan ser disfrutados por niños con discapacidad”, defiende el informe.