Según informa Confebús, estas prácticas consisten en un posible abuso de la posición de dominio de Renfe en el mercado del transporte de pasajeros. Confebús denuncia que Renfe estaría distorsionando la competencia mediante la aplicación de precios inferiores a los costes reales (precios predatorios), lo que está provocando la exclusión o perjudicando gravemente a otros operadores del mercado del transporte de viajeros.

Además, considera que podría estar aplicando subvenciones cruzadas entre los servicios comerciales (AVE y larga distancia) y los sometidos a servicio público, lo que supondría una mala aplicación de las subvenciones del Estado, así como un abuso. Por último, cree también que estaría llevando a cabo un empaquetamiento ilícito en el 'billete combinado', que permite a Renfe beneficiarse de las subvenciones que recibe en la prestación del servicio público de Cercanías.

Para Confebús, estas prácticas tendrían como resultado la exclusión o un grave perjuicio del resto de los competidores de Renfe y, en especial, de las empresas de transporte en autobús, que no pueden competir en igualdad de condiciones debido a las ventajas que podría estar obteniendo Renfe, a través de la separación del coste de infraestructura real que soporta Adif y que no repercute totalmente a Renfe.

Confebús recuerda que el sector genera 88.000 empleos directos, cinco veces más que el operador público, factura 3.700 millones de euros, mueve 1.200 millones de viajeros al año (dos de cada tres viajes en transporte público se realizan en autobús) y une regularmente más de 8.000 poblaciones.