La banca tendrá que pagar unos 420 millones si quiere computar como capital sus DTA

MADRID
SERVIMEDIA

Las entidades financieras españolas tendrán que pagar unos 420 millones de euros si quieren computar sus activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) como capital, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.

En virtud de la nueva norma adoptada por el Gobierno español, las entidades financieras tendrán que hacer frente a una tasa del 1,5% de manera voluntaria si quieren mantener los DTA como capital en sus balances.

La norma establece dos tipos de DTA: los que se generaron con bases imponibles positivas (en las que las entidades adelantaron el pago) y con bases imponibles negativas, que serán las que desaparecerán con el tiempo.

Actualmente, el importe de los DTA de la banca española suman unos 40.000 millones de euros y, con datos cerrados de 2014, las de bases negativas alcanzan los 28.000 millones de euros. Así, de aplicarse esta tasa del 1,5%, las entidades deberían afrontar el pago de unos 420 millones de euros.

Las citadas fuentes de Economía explicaron que las entidades financieras son conscientes de la importancia de que se despejen dudas y lo lógico sería que afrontasen este pago porque, de lo contrario, no podrían convertir en capital.

La intención de Economía es que este saldo vaya reduciéndose en el tiempo y aunque no hay un horizonte temporal para poner a cero el contador, sí dan por hecho que la tendencia será “bastante decreciente”.

Desde Economía afirmaron que los ingresos de esta “prestación patrimonial voluntaria” no tienen efectos finalistas, sino que pasarán a engrosar los ingresos de la Hacienda pública. El hecho de que se haya fijado una tasa de 150 puntos básicos responde, según el departamento que dirige Luis de Guindos, al coste medio del riesgo de liquidación o insolvencia.

El pago por estos DTA se realizará a partir del año 2016 y se trata de un pago anual en virtud del volumen que manejen las entidades financieras.

Este nuevo esquema, según el Ministerio de Economía, se aplicará “a todo el mundo por igual” y sin distinción en relación con la naturaleza de las entidades, es decir, da igual que coticen en bolsa o no. La intención es despejar todas las posibles dudas tras la petición de información solicitada a España por la Comisión Europea.

(SERVIMEDIA)
28 Sep 2015
GFM/gja