Burgués quiere que el Ejecutivo socialista le aclare la previsión que tiene para adaptar la citada Convención a la legislación española y que determine unos plazos.

Esta Convención fue ratificada por el Gobierno de España el 3 de diciembre de 2007, lo que, según la senadora, “supone un compromiso en la elaboración y puesta en práctica de políticas y leyes que aseguren los derechos reconocidos en ella”.

Burgués apela a los pasos importantes que se han dado, como la Ley de Integración social de los Minusválidos de 1982 o la Ley de Autonomía Personal y Apoyo a las Personas en Situación de Dependencia de 2007, normas que "nos han llevado a superar, en protección y reconocimiento de derechos, a otros países europeos que tenían una larga trayectoria en este proceso".