En ese marco, el CJE subraya el papel de las entidades sociales para evitar “que los ajustes económicos” afecten a las necesidades “económicas” y “humanas” de las personas sordas, y pide a la sociedad evitar las discriminaciones.

En esa línea, agregó el Consejo en un comunicado, las políticas “deben huir de enfoques paternalistas, caritativos y exclusivamente asistenciales, producto de los recortes en los fondos destinados a subvenciones para entidades sociales”.

Según esta organización juvenil, los recortes en I+D frenan las investigaciones relacionadas con el mundo de las personas sordas, muchas de ellas dirigidas a minimizar las barreras sociales que les impiden una vida digna.

Por otra parte, el Consejo de la Juventud exige el cumplimiento del artículo 245 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hace referencia al compromiso de los estados miembro de facilitar el aprendizaje en lengua de signos y el acceso sin discriminación a cualquier etapa educativa.

Finalmente, el CJE apoya la demanda de las entidades sociales de aumentar el porcentaje reservado a personas con diversidad funcional en las empresas.