El titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional considera a ambos responsables de un delito de detención ilegal, les impone una fianza de tres millones de euros por las responsabilidades pecuniarias a que se les pudiera condenar y les cita para declaración indagatoria el próximo 14 de octubre.

Considera el juez que no hay indicios suficientes para acusarles de homicidio por omisión, ni de estafa. También afirma que no procede, por el momento, el procesamiento de Manuela Ontanilla ni de Vicente Sarasa, también investigados.

En un auto, el magistrado relata como Publio Cordón fue secuestrado por miembros de los Grapo y trasladado primero a Vitoria y posteriormente a la localidad francesa de Lyon, a una vivienda alquilada por Teijelo en la que se habilitó un pequeño espacio abuhardillado, con la finalidad de mantener allí retenido al secuestrado.

Según el juez, los responsables de la custodia del empresario Publio Cordón fueron Teijelo, junto con Victoria Gómez Méndez y el ya condenado por estos hechos Fernando Silva Sande.

Transcurridas dos semanas de cautiverio, explica el auto, el secuestrado sufrió lesiones que le causaron la muerte en circunstancias desconocidas, sin haber sido trasladado a un centro sanitario. Después, los tres secuestradores, tras recibir instrucciones de los jefes de la organización, trasladaron el cadáver y lo enterraron en una zona del Mont Ventoux (Francia) "sin que hasta la fecha y pese a los esfuerzos realizados, haya podido ser localizado el cadáver".

El magistrado detalla los indicios de responsabilidad criminal que recaen sobre los imputados, fundamentalmente el testimonio del testigo protegido denominado "Alpha" cuya versión sobre la muerte de Cordón resulta "verosímil", aunque no se hayan podido conocer la causa y las circunstancias concretas en que se produjo el fallecimiento.