Díaz Ferrán, que fue trasladado esta mañana a la Audiencia desde la prisión donde cumple condena, insistió en negar las acusaciones de apropiación indebida por parte de Air Comet de esos fondos. El que fuera presidente de los empresarios españoles llegó a la Audiencia a bordo de un furgón policial, esposado, bronceado e impecablemente vestido con chaqueta.

También declaró esta mañana el consejero delegado de Air Comet Antonio Mata, al que imputa delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental a raíz de la querella interpuesta por la compañía contra ellos y contra Air Comet como persona jurídica.

Mata ha asegurado al magistrado que todo el dinero cuyo destino se investiga se invirtió en la compañía con el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Tribunal de Cuentas. Insistió en que todas las inversiones y gastos tenían que contar con la doble firma de la SEPI y de Air Comet, además de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El magistrado les ha citado después de haber escuchado como testigos a los administradores concursales de Air Comet Luis Arqued Alsina, Mariano Hernández y Luis López Sierra, al exdirector financiero de la aeronáutica y a tres representantes de la SEPI que, en total, realizó tres pagos, el primero de ellos ya enjuiciado, “siendo los otros dos pagos el objeto de la querella".

El juez, que admitió el pasado marzo la querella de la aerolínea estatal de Argentina, acordó entonces tomar declaración a Pablo Olivera, Juan Gurbindo y Juan Massó, que ocupaban, respectivamente, los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, a la que solicitó el contrato de compra-venta de las acciones de Interinvest, participada mayoritariamente por Aerolíneas Argentinas, suscrito el 2 de octubre de 2011.

QUERELLA DE AEROLÍNEAS

Los querellantes acusaron a Díaz Ferrán y su exsocio Antonio Mata de apropiarse presuntamente de 453 millones de dólares (410 millones de euros) que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entregó en 2001 a su compañía, Air Comet, para que los destinara a la "implantación de un plan industrial" en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.

En su opinión, lejos de poner en marcha el plan industrial y de destinar el dinero de la SEPI en el pago de responsabilidades por contingencias, los querellados "hicieron suyas dichas cantidades mediante una operación de compensación de deudas con otras cantidades que Air Comet adeudaba a Aerolíneas Argentinas, a través de cuentas corrientes mercantiles que existían entre ambas empresas que formaban parte del denominado Grupo Marsans".

"A efectos contables y con el fin de justificar ante el Tribunal de Cuentas el destino" para el que les habían sido entregadas las ayudas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, los querellados presentaron "varias certificaciones de auditor" elaboradas por la firma Price Waterhouse Coopers.

Aerolíneas Argentinas recordó que la Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2013 a Díaz Ferrán a dos años y dos meses de cárcel por un delito fiscal cometido en esta operación aunque señaló que la causa únicamente se centró en una ayuda de la SEPI de 319 millones de dólares para el pago de pasivos.