El Ejecutivo socialista decidió llevar las demoliciones de El Cabanyal ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno de Francisco Camps vulneró sus competencias al aprobar el citado decreto ley.

El plan de derribos fue impulsado por el Ayuntamiento de Valencia para prolongar una gran avenida hasta el mar a través del barrio. El Ministerio de Cultura ordenó en enero pasado la paralización de las actuaciones al considerar que el proyecto supone un expolio al patrimonio histórico y artístico, ya que El Cabanyal está declarado Bien de Interés Cultural.

En concreto, el Pleno del Constitucional, encabezado por su presidenta, Maria Emilia Casas, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el decreto ley de 7 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana “de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”, según consta en la providencia hecha pública hoy.

Su admisión a trámite supone “la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto ley impugnado, desde la fecha de interposición del recurso -1 de febrero de 2010– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros”.

Por último, el Tribunal Constitucional ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Generalitat Valenciana y al presidente de las Cortes Valencianas, “al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes”.