En su último informe 'Diagnóstico sobre la estrategia de competencias de la OCDE: España', la organización subraya que “una gran tasa de reemplazo en los niveles más altos de la función pública puede socavar la continuidad política, sobre todo si las elecciones propician cambios”.

En este sentido, explican que, al igual que ocurre en muchos otros países, en España cuando el gobierno cambia, también lo hace un porcentaje “relativamente elevado” de altos funcionarios.

“Esto entraña una pérdida de conocimiento y buen hacer institucional, que puede minar la continuidad política, y es especialmente preocupante en el área de las competencias, pues entre el desarrollo de las políticas y los resultados finales transcurre largo tiempo”, incide la OCDE.

El organismo puntualiza que otro riesgo que se produce es que se dañen las relaciones con colaboradores o agentes implicados, quienes deben trabar nuevas relaciones con una administración nueva. En este sentido, la OCDE dice que si el alto funcionariado mantuviera una mayor continuidad, se garantizaría una mayor continuidad política, lo que “beneficiaría tanto a la eficacia como a la eficiencia de las políticas”.

Por ello, la organización admite que podrían ser “de utilidad medidas para reforzar y salvaguardar la neutralidad política de los altos funcionarios”.

COLABORACIÓN ADMINISTRACIONES

Por otro lado, el informe subraya que es necesaria una colaboración “eficaz” entre los gobiernos central y regionales en políticas de competencias. “La asimetría entre el poder fiscal de los gobiernos central y autonómicos presenta ventajas e inconvenientes”, matizan.

Por ello, el informe de la OCDE destaca que aunque las comunidades autónomas han ido recibiendo cada vez más autonomía política, la potestad de recaudar los impuestos más importantes sigue siendo “casi exclusiva del Gobierno central”.

Entre dichos impuestos se cuentan el impuesto de sociedades y el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social y el IVA. “En consecuencia, casi toda la capacidad de generar recursos económicos está controlada por el gobierno central”, señala la OCDE.

Por último, el organismo internacional afirma que, “con unas estructuras de gobierno para la política de competencias más eficaces, España podría asegurarse de que se beneficia plenamente de los acuerdos constitucionales en vigor”.