Según esta organización que trabaja por las mujeres que ejercen la prostitución y el reconocimiento de sus "derechos laborales", los datos que ofrece el ministro de Sanidad “no están contrastados” y no explican el resultado final en cuanto a lo que ha pasado, por ejemplo, con las 14.000 víctimas potenciales de trata o con los 1.450 detenidos como traficantes de personas con fines de explotación sexual.

La portavoz del colectivo, Cristina Garaizabal, manifestó a Servimedia que el ‘Plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual’, aprobado en el último Consejo de Ministros y que será presentado este miércoles por el ministro de Sanidad, es “unilateral y parcial”..

"Las directivas europeas hablan de que hay que hacer planes contra la trata de manera integral, independientemente de que se sea mujer, niña, hombre, niño y que tenga como finalidad todas las formas de explotación laboral, no solamente la prostitución", señaló.

En este sentido, apuntó que “están encabezonados en moverse en el tema de prostitución”, ya que desde su punto de vista quedan desamparadas del plan las víctimas de trata que acaban en régimen de esclavitud en el servicio doméstico, en el trabajo en el campo y en la mendicidad.

"La tipificación del delito sí que está contemplado en el Código Penal acorde con el mandato europeo, pero luego los planes que se hacen no contemplan la trata en todas sus vertientes", agregó, pero está "la contradicción" de que luego las actuaciones del Gobierno se centran en la trata con fines de prostitución, lo que incide negativamente en cuestiones como permisos de residencia o centros de asistencia para el resto de víctimas de trata.

BIENES DECOMISADOS

Según el Colectivo Hetaira, la propuesta del Gobierno no será efectiva si no cuenta con recursos sociales, pues habrá que ver “cómo y a través de qué vía” se van a de destinar a las víctimas los bienes decomisados a las mafias de explotación, “algo que ya estaba contemplado en el plan anterior del PSOE”.

Por todo ello, Garaizabal considera que el nuevo plan pretende un “titular electoralista” y exige que las ayudas anunciadas “reviertan directamente a las víctimas” y no tanto a las campañas de sensibilización de organizaciones que no trabajan con ellas. "Hay un problema de discrecionalidad en las subvenciones", denunció.