El objetivo de este protocolo es reforzar la capacidad de los Estados miembros y de los Estados socios de la UE para reaccionar de manera adecuada frente a la delincuencia transfronteriza a la luz de la evolución político-social en Europa y del desarrollo tecnológico en el mundo.

Por ello, se actualizan las disposiciones que rigen actualmente la asistencia judicial, diversificando las situaciones en que se puede solicitar asistencia, facilitándola y haciéndola más rápida y ágil.

Este segundo protocolo mejora y complementa el Convenio de Asistencia Judicial en Material Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, así como el Primer Protocolo Adicional a éste, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978.