El Consejo de Medios Audiovisuales será "autoridad pública" en sus inspecciones

- El PSOE presenta sus enmiendas a la Ley Audiovisual

MADRID
SERVIMEDIA

El futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en el proyecto de ley audiovisual, será un organismo independiente del Gobierno, pero hará inspecciones a los operadores con consideración de "autoridad pública".

Así lo establece una de las 27 enmiendas, la mayoría de carácter técnico, que ha presentado el Grupo Socialista del Senado al proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Una de de las enmiendas del PSOE tiene como objetivo "precisar las potestades y facultades del CEMA". Entre esos poderes estará el de "realizar inspecciones, a cuyo efecto, el personal dependiente del Consejo tiene la condición de autoridad pública".

El CEMA también "requerirá a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones".

El PSOE ha propuesto a través de otra enmienda una nueva disposición final en la ley, mediante la cual la recaudación que se obtenga por la tasa sobre reserva de dominio público eléctrico se ingresará, como hasta ahora, en el Tesoro Público, y éste lo transferirá para su financiación a RTVE. El proyecto salido del Congreso establecía que esos dineros se ingresarían en la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones para su posterior remisión a la radiotelevisión pública estatal.

En otra enmienda, el PSOE ha eliminado la limitación a cinco minutos de autopromociones por hora de emisión que el proyecto hacía extensivo también a la radio. El PSOE cree que debe circunscribirse a las televisiones.

Otra enmienda de los socialistas ha cambiado la redacción al artículo aprobado por el Congreso en el que se decía que los sorteos de la Lotería del Estado y la ONCE quedan excluidos de la obligación de que estos concursos se emitan entre una y cinco de la mañana. Ahora, quedaran exceptuados de tal restricción horaria los sorteos y productos de juego "con finalidad pública". La justificación que esgrimen los socialistas es su "adecuación a la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas".

(SERVIMEDIA)
18 Feb 2010
JRN/man