Pere Macías, diputado de CDC, hizo esta afirmación durante la toma en consideración de la reforma del Constitucional, que se debatió esta tarde en la Cámara Baja y que salió adelante con los votos del PP.

En este sentido, Macías sostuvo que la modificación legal que promueven los populares va contra Mas, que es también el líder de CDC, por lo que puede considerarse una “ley antipersona”, algo que los convergentes consideran que también se hizo cuando el exlehendakari Juan José Ibarretxe promovía un cambio en el estatus legal del País Vasco.

Asimismo, el diputado de CDC acusó al PP de promover la reforma del Constitucional como forma de sacar votos en las próximas citas electorales y sostuvo que cada vez que en el partido de Mariano Rajoy han intentado hacer esto con Cataluña “han salido trasquilados”.

“GRAVÍSIMO ERROR”

A su vez, Montse Surroca, de UDC, apuntó que la reforma del Constitucional es un “gravísimo error” y “otra torpeza del PP”, puesto que el “único e imprescindible camino” para la situación de Cataluña es el diálogo.

Surroca añadió que “no es de recibo” que una modificación legal de este tipo se apruebe sólo con voto de un grupo parlamentario, al tiempo que reprochó a los populares que presenten esta iniciativa en “plena campaña electoral” de los comicios catalanes y que no disimulen su intencionalidad.

En cuanto a otras formaciones políticas, Rosa Díez, de UPyD, afirmó que Mas está promoviendo una especie de “golpe de Estado”, pero que para hacer frente a eventuales pasos como una declaración unilateral de independencia está la legislación ordinaria y, en concreto, el delito de sedición.

Además, defendió el artículo 155 de la Constitución, que habla de la posible suspensión de las instituciones de una autonomía si actúan contra los principios legales. Según Díez, este artículo busca “proteger a los españoles” y que el Gobierno debería recurrir en su caso a este apartado “sin ningún tipo de complejo”.

A su vez, Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, indicó que la reforma que promueve el PP es una modificación “encubierta” de la Carta Magna y que los magistrados encargados de velar por la norma fundamental no pueden convertirse en el “policía” de otros poderes. Además, apuntó que la única solución a lo que pasa en Cataluña es que sus ciudadanos puedan votar en un referéndum sobre su futuro.