Destacaron que la concesión se ha llevado a cabo mediante “un concurso público marcado por la legalidad”. Asimismo, lamentaron que esto lleva al sector privado a “una situación grave de inseguridad jurídica” e insistieron en que las clínicas y hospitales privados suponen un “colaborador de la sanidad pública”.

También afirmaron que la gestión privada contribuye a una “gestión eficiente de los recursos” y a una “optimización de los servicios”, algo que, según las clínicas privadas, ha quedado “demostrado” obteniendo “los mayores índices de satisfacción en las encuestas realizadas”.