Cifuentes explicó que el Consejo de Gobierno aprobó hoy “un acuerdo de alto contenido social” para “instar a las empresas de suministro energético para que mantengan este servicio a todas las familias que se encuentren en situaciones de exclusión”.

Dijo que esta iniciativa viene a dar cumplimiento al compromiso asumido en su programa electoral, concretamente en la medida número 139, que recoge la puesta en marcha de iniciativas para hacer frente a las difíciles situaciones que viven muchas familias madrileñas por situaciones sobrevenidas, como la pérdida del empleo.

“Se trata de una iniciativa solidaria impulsada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en la que hemos requerido la participación activa, como es lógico, de las empresas suministradoras de energía, tanto de electricidad como de gas”, consideró.

Cifuentes señaló que esta iniciativa aprobada hoy “quiere implicar a todos los sectores de la sociedad y muy especialmente a las empresas energéticas en el mantenimiento de unas condiciones mínimas para la habitabilidad y la salud de las personas, en las viviendas cuyos ocupantes no puedan atender los gastos de suministro”.

A su juicio, “ningún madrileño que carezca de medios económicos puede quedar desasistido del suministro energético, por falta de recursos, y este es el objetivo del acuerdo adoptado hoy, cuyo contenido vamos a delimitar en colaboración con las distintas empresas”.

Informó de que ya se ha convocado para la próxima semana una reunión con los responsables de Unión Fenosa e Iberdrola, a la que asistirán los consejeros de Economía y de Presidencia, para detallar los acuerdos que permitan poner fin a la pobreza energética en la Comunidad de Madrid.

Además, señaló que esta iniciativa es “una muestra más de nuestro compromiso con las políticas sociales” y puso como "modelo a seguir" el implantado ya por el Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. En este sentido, apuntó que el Canal de Isabel II cuenta con la denominada Tarifa Social, a la que puede acogerse cualquier persona que pasa por dificultades económicas y no puede hacer frente a los pagos por encontrarse en paro u otras situaciones similares.

Para determinar quién es beneficiario de esta tarifa intervienen de manera directa los servicios sociales, cuya actuación es determinante para suspender el corte de suministro que podría producirse a consecuencia de un impago injustificado. Dijo que a fecha 31 de agosto de este año, un total de 2.871 personas eran beneficiarias de la Tarifa Social, un 69,6 % más que en el mismo periodo de 2014.