Así consta en un auto dictado el pasado 3 de septiembre y publicado hoy lunes. El Tribunal General declara "inadmisible" el recurso interpuesto por España, lo que significa que concurre una causa de "inadmisibilidad", por lo que no es preciso examinar el fondo del asunto.

Por consiguiente, España sólo puede interponer un recurso contra la decisión lesiva, es decir, contra la decisión del Consejo de imponerle la multa. El Tribunal General precisa en este sentido que el juez de la UE tiene en esta materia una competencia jurisdiccional plena que le permite "anular, reducir o incrementar la cuantía de la multa impuesta". La multa alcanzaba los 18,93 millones de euros.

El Tribunal General destaca que la alegación de España sobre el supuesto "grave perjuicio" que la amplia publicidad dada a esta primera decisión de la Comisión de iniciar la investigación le causó en los mercados financieros internacionales "es inoperante porque no afecta a la naturaleza de la decisión de la Comisión, que como se ha dicho no es un acto lesivo impugnable".

Este tribunal recuerda que en el contexto de la crisis de la deuda de las entidades públicas en la zona euro, denominada "crisis de la deuda soberana", el Gobierno español estableció a partir del primer trimestre de 2012 un mecanismo excepcional destinado a garantizar la continuidad de las relaciones económicas entre las Comunidades Autónomas y sus proveedores. "La introducción de dicho mecanismo obligó a las Administraciones autonómicas a realizar un trabajo en profundidad sobre la situación real de la deuda con proveedores", puntualiza.

Así, Eurostat realizó varias visitas a España en 2012 y 2013. En su informe final concluyó que la Intervención General de Valencia había suministrado "datos incorrectos" en el contexto de las notificaciones del Protocolo de Déficit Excesivo durante varios años.