La organización señala en un comunicado que en los CIE se encuentran privadas de libertad sin haber cometido delito alguno, en situación administrativa irregular, incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada.

Según la ley, afirma JpD, en el CIE solo se limita su libertad ambulatoria, no los demás derechos, y se trata de establecimientos públicos de carácter no penitenciario. “Sin embargo, la realidad es que las personas internas se ven privadas de muchos más derechos y libertades: la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad, o a la privacidad de las comunicaciones”, denuncian la asociación judicial.

También sostiene que en los CIE se incumple el Reglamento de funcionamiento y régimen interior “cuando se carece de servicio de orientación jurídica, servicios sociales, personal médico de la Administración, intérpretes, gestión civil del centro; y se incumplen resoluciones judiciales cuando se llama a las personas por un número, se les priva de sus teléfonos, incluso de papel y bolígrafo, o son expulsadas de modo sorpresivo”.

“Esta realidad aún es una gran desconocida para la opinión pública”, agrega la nota. “Ello guarda relación directa con el hecho de que los poderes públicos han mantenido un discurso deshumanizador de las personas inmigrantes, han transmitido que eran una amenaza, han desarrollado políticas basadas en la seguridad y el miedo, y han amparado la desprotección de los derechos humanos, e incluso la violencia dentro y fuera de las fronteras, permitiendo espacios de negación del Estado de Derecho”.

Por ello, JpD propone que se inicie un plan para el “cierre progresivo” de los CIE, pues “resulta desproporcionada jurídicamente esta privación de libertad ante supuestos de infracción administrativa”.

En su opinión, en estos casos resultan más ajustadas otras medidas cautelares que no supongan el internamiento y que mantengan la libertad de la persona afectada. Además, cree que se debería valorar la implantación de una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, con una persona asignada, con retención de pasaporte en dependencias policiales y con presentaciones periódicas. “Todo ello sin someter a migrantes que ya han sufrido todo tipo de adversidades a un mayor desarraigo y a las privaciones derivadas de la reclusión en los CIE”, agrega el comunicado.