La Sala de lo Civil y Penal ordenó repetir el juicio con un nuevo jurado popular y un nuevo magistrado ponente al considerar que se habían quebrantado las normas y garantías procesales en relación al objeto del veredicto, por lo que acordó además la inmediata puesta en libertad de los condenados, que habían sido sentenciados a penas de entre 24 años y seis meses de cárcel y tres años y nueve meses de prisión.

Hasta la celebración del nuevo juicio fijado para el lunes, la Sala acordó que los acusados, presuntos miembros de una banda de sicarios, fueran puestos de inmediato en libertad al haber expirado el plazo máximo de prisión provisional por este caso. No obstante, les obligó a comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes.

El Ministerio Público, que mantiene su relato de los hechos y su calificación como asesinato alevoso mediante precio, conspiración de asesinato alevoso mediante precio y delito de tenencia de armas de fuego sin licencia o permiso necesario, solicita de nuevo para siete de los ocho procesados una pena de veinticuatro años de prisión y para el octavo, quince años de cárcel.

Siempre según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, José Alexander A.A.; Jhony Alexander E. O.; Jhon Edwards M.F.; Ibrahin A.A.; Fernando G.H.; Javier G.H.; Francisco G.A. y Miguel Ángel D.A. recibieron de persona o personas desconocidas el encargo de matar al abogado Alfonso Díaz Moñux, especializado en casos relacionados con el tráfico de drogas.

El abogado de 45 años, que falleció tras ser tiroteado la víspera por dos sicarios suramericanos, representaba al capo georgiano Zakhar Kalashov, preso en España y acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Este individuo, considerado como uno de los máximos jefes del crimen organizado de Rusia, es accionista de la petrolera Lukoil, que pretendía adquirir el 30 por ciento de Repsol. Su abogado era Javier Gómez de Liaño, pero acabó traspasando el cliente a Díaz Moñux, que también había participado en varios juicios por narcotráfico.

Las investigaciones del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid apuntaban a un ajuste de cuentas como móvil del asesinato de Díaz Moñux, que compartía despacho con su compañero Emilio Murcia. Este último presta sus servicios, entre otros clientes, a la AVT.

Díaz Moñux había participado en juicios por narcotráfico como el de la “operación Pipol”, en el que, entre otros individuos, fueron juzgados José Manuel Suárez Trashorras, condenado como autor material del 11-M, y su cuñado Antonio Toro, igualmente procesado en esa causa. También representó a José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, capo histórico de la droga en Galicia.