Fuentes de la investigación aseguraron a Servimedia que tras la declaración del cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, que respondió a las preguntas del magistrado durante once horas en tres sesiones de interrogatorio en junio pasado, ahora toca corroborar su veracidad con pruebas.

Aunque esa declaración continúa bajo secreto de sumario, sí ha trascendido que Marjaliza confirmó muchos de los datos que ya obraban en la causa y además hizo revelaciones sobre el papel en la trama de su amigo y ex 'número dos' de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y de otros políticos aún no salpicados por el sumario.

Marjaliza fue detenido el 27 de octubre y se negó a declarar ante la Guardia Civil. También rechazó responder al juez, pero tras ocho meses en la cárcel decidió colaborar con la justicia y ha supuesto un terremoto en la marcha de la investigaciòn.

El empresario ofrecio una catarata de datos que implicaban a personas hasta ahora no investigadas. Entre ellos, miembros de Ciudadanos y el Partido Popular, pero también del PSOE, que hasta ahora no tenían relevancia en la investigación.

COMISIONES ROGATORIAS

Con ese volumen de información, la tarea prioritaria del juzgado en los próximos meses será la de verificar el alcance de la declaración de Marjaliza. Para ello, el juez Velasco tendrá que solicitar inmumerables pruebas documentales e informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las distintas administraciones persuntamente implicadas en el desvío de fondos públicos.

Las ramificaciones internacionales de la trama y las actividades realacionadas con el blanqueo de capitales incrementan la complejidad de la investigación que ha obligado al magistrado a librar comisiones rogatorias a tres continentes: América, Asia y Europa. En concreto, Velasco las ha dirigido a Holanda, Costa Rica, Suiza y Singapur.

Gestionar todas estas actuaciones podría colapsar la investigación, por lo que el juez se plantea trocear la investigación en distintas piezas separadas y pedir a medio plazo un refuerzo que puediera hacerse cargo de las nuevas actuaciones, siempre bajo su supervisión y dirección.

Hasta el momento, el `caso Púnica´ consta de dos piezas que podrían multiplicarse para facilitar la realización de las pesquisas, evitar dilaciones indebidas que pudieran invalidar el proceso e impedir que el asunto se transforme en una macrocausa, al estilo de los ERE investigacos por la juez Mercedes Alaya, que sea dificil de cerrar por su complejidad.

Lo que en principio está descartado es que se produzcan nuevas citaciones o registros antes de la celebración de las elecciones generales, siguiendo el criterio de que los procesos judiciales no interfieran en las citas electorales.

REGISTROS

Pese a este criterio general, el juez Velasco ordenó el pasado jueves dos registros a implicados secundarios en esta investigación porque un error en la tramitación de la una diligencia que debía permanecer comos secreta aconsejó su realización para evitar la destrucción de pruebas.

La red corrupta Púnica, especializada en el cobro de mordidas para favorecer desde distintas instituciones a empresas privadas, tiene ya 92 imputados de Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León y una decena de ayuntamientos.

La supuesta trama delictiva, cuyos dos principales cabecillas eran Francisco Granados, exconsejero autonómico, exsenador y ex secretario general del PP de Madrid, y su amigo constructor David Marjaliza, tiene tantas derivadas que muchos de los negocios ilegales destapados por la investigación judicial se hicieron al margen de estos dos supuestos cerebros. La investigación avanzó y descubrió la mayor parte de las irregularidades a raíz de la intervención secreta de las comunicaciones de Granados y Marjaliza.

La construcción de colegios, la organización de fiestas populares, la recalificación de suelos, la venta de parcelas públicas, la adjudicación de servicios de eficiencia energética o la contratación de propaganda institucional permitió a diversos empresarios enriquecerse a costa del trato de favor que, a cambio de regalos o dinero, les daban políticos que gobernaban en las instituciones.