El magistrado pide a los servicios de inteligencia que identifiquen a las personas y organismos nacionales o internacionales “vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate, pagando o colaborando con estructura y organización dedicada a la piratería”, según informaron fuentes jurídicas.

Pedraz tomó esta decisión en el marco de la causa separada que abrió en noviembre pasado para investigar la trama jurídico-financiera que estuvo detrás del secuestro del atunero vasco "Alakrana", incluidos los bufetes de abogados de Londres que pudieron intervenir en las negociaciones, así como cualquier persona que cobrase una comisión del rescate.

A pesar de que el pago de rescates no está penado en el Reino Unido, en España los abogados de los bufetes de Londres que han participado en las negociaciones del secuestro podrían ser acusados como cómplices o cooperadores necesarios de 36 delitos de detención ilegal.

EXÁMENES FORENSES

Por otro lado, y en el marco de la causa abierta contra los dos piratas somalíes encarcelados en España, Abdu Willy y Raagaggesey Hassan Haji, el magistrado ordenó hoy que se someta a exámenes forenses a los 16 tripulantes españoles del “Alakrana”.

Pedraz tomó esta decisión después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenara la semana pasada reabrir la investigación sobre el secuestro del atunero vasco, al entender que el magistrado no llegó a esclarecer todas las circunstancias que rodearon el secuestro y que se olvidó de practicar varias diligencias necesarias.

Con esta decisión, el magistrado responde a la petición de los marineros del “Alakrana” Víctor Bilbao Orozco, Andon Gotxi Olano, Gaizka Iturbe y Francisco Valadez, quienes solicitaron ser examinados por un médico forense para que se pueda determinar oficialmente los daños físicos y psicológicos sufridos en los 47 días que estuvieron secuestrados, un trámite imprescindible para poder reclamar una indemnización por el rapto.

En cambio, Pedraz no considera necesarios volver a investigar la naturaleza de la organización en la que estaban integrados Willy y Hassan Haji, al considerar suficiente el informe policial sobre este extremo que ya consta en la causa.

Según este escrito, los dos encarcelados en España pertenecen a una facción de piratas somalíes constituida hace más de veinte años y que lleva el nombre de "Burcad Badeed", que significa "Los que roban en el mar" en somalí, y a cuyo frente se encuentra un jefe conocido como Ilyas.

Si esta organización fuese declarada terrorista, los secuestrados podrían ser reconocidos oficialmente como víctimas y podrían optar a las indemnizaciones que otorga el Estado, según explicaron fuentes jurídicas.

NUEVAS DECLARACIONES

El juez también ha rechazado volver a tomar declaración a los tripulantes del “Alakrana”. Los marineros personados en la causa consideran que fue un error que el magistrado les tomase declaración después de haber concluido el sumario de la causa abierta contra los dos piratas.

El juez interrogó a los 16 tripulantes españoles del "Alakrana" a finales de noviembre, pero lo hizo en el marco de una segunda causa, en concreto la que investiga la trama jurídico-financiera que negoció y gestionó el pago del rescate.

Pedraz no volverá a interrogar a los marineros, ya que puede utilizar en la causa contra los piratas las declaraciones que prestaron los marineros en el otro procedimiento.

SECUESTRO

El "Alakrana" fue secuestrado a primeras horas del pasado 2 de octubre cuando tenía las redes tendidas a 413 millas de las costas del sur de Somalia. El atunero y sus 36 tripulantes, 16 de ellos españoles, estuvieron retenidos durante 47 días.

La detención de Willy y Haji se produjo al día siguiente del abordaje, después de que un helicóptero de la fragata "Canarias" diera alcance a la pequeña embarcación en la que los dos secuestradores del "Alakrana" intentaban alcanzar la costa de Somalia. Durante la operación, el pirata Haji resultó herido de bala.

Willy y Haji están acusados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de más de 220 de cárcel cada uno.