En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que hasta ahora era frecuente que, en casos de contratación pública, “muchas contratas cobraban de la Administración a 30 días y pagaban a sus proveedores autónomos y pymes en 5 meses”.

En su opinión, este era un “elemento distorsionador de la morosidad”, ya que era una morosidad que se atribuía al sector público cuando correspondía a las grandes empresas.

“Que se exija a las empresas que contrata la Administración no ser morosas con sus proveedores es algo lógico y lo que ATA llevaba reivindicando mucho años”, añade Amor.