En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó esta “importante medida” que persigue “reducir la morosidad en el sector privado” que perjudica a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.

En concreto, esta medida modifica la ley de contratos del sector público para incluir el periodo medio de pago a los proveedores por parte de los grandes empresarios como un elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera cuando concurran en un proceso de contratación pública.

La vicepresidente insistió en que el objetivo de esta medida es “mejorar el pago a pymes y autónomos en el sector privado por parte de las grandes empresas”.

En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, agregó que esta medida “va a favorecer realmente que las grandes empresas reduzcan los plazos de morosidad si quieren contratar con las administraciones públicas”.

Montoro, defendió que la lucha contra la morosidad ha sido “uno de los grandes objetivos” del Gobierno durante esta legislatura.