López, líder del partido de la oposición Voluntad Popular, se entregó a la Guardia Nacional el 18 de febrero de 2014 tras una manifestación que organizó contra el Gobierno en un contexto de meses de protestas de detractores y partidarios de Nicolás Maduro, en las que murieron 44 personas, varios cientos resultaron heridas y miles acabaron detenidas.

El ahora condenado fue acusado de cargos que incluían terrorismo, homicidio y daños corporales agravados, instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado determinador y asociación para delinquir, y desde entonces está detenido.

Los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, que fueron enjuiciados junto a López, también han sido declarados culpables, pero cumplirán su condena fuera de prisión y seguirán en libertad condicional.

“Este caso es una farsa”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien criticó que una jueza provisional condene “a cuatro personas inocentes después de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”.

HRW indicó que tuvo acceso al expediente del caso y que no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados.

El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público.